En este supuesto, se denegó la tarjeta de larga duración a la solicitante, pues había sido condenada a una pena de prisión de tres años por un delito de lesiones, sin que se hubiera cumplido la misma  y por tanto sin posibilidad de cancelarse los antecedentes penales.

Se interpuso recurso contencioso, alegando en primer lugar lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala 4ª) en su Sentencia de 3 de septiembre de 2020; que establece que las autoridades competentes de un estado miembro no pueden considerar automáticamente que procede denegar el estatuto de residente de larga duración al nacional de un tercer país por motivos de orden público, con arreglo a la directiva, por el mero hecho de haber sido condenado por un delito.

Se acreditó que aun siendo cierto que la recurrente había sido condenada a una pena de prisión, se había solicitado la suspensión de la misma y que los hechos habían ocurrido en el año 2018; sin que hubiera vuelto a cometer ningún delito o falta.

Se manifestó igualmente el marcado arraigo familiar, pues vivía con su hija residente legal en el país, y laboral ya que había cotizado a la Seguridad Social durante años trabajando en el momento de interponerse el recurso.

Finalmente se solicitó una medida cautelar que permitiera a la interesada seguir residiendo de forma legal y trabajando en el país hasta que se dictara una Sentencia firme, medida cautelar que fue concedida (ver).

El juzgado contencioso nº33 de Madrid, dictó Sentencia favorable, concediendo la tarjeta de larga duración solicitada, tras citas la normativa aplicable manifiesta:

“…La vigencia de un antecedente penal no es causa suficiente, por si sola y de forma automática, para la denegación de autorizaciones de residencia como la presente, en el caso de autos se trata de un hecho aislado, cometido en 2018, sin que posteriormente haya vuelto a surgir algún tipo de conducta reprochable a la recurrente, más allá de su necesidad de atención psiquiátrica y dado que acredita un arraigo laboral y familiar en España, arraigo que se ha tenido en cuenta por la Administración para reconocer las últimas renovaciones de su autorización de residencia temporal, procede la estimación del recurso y la anulación de la resolución impugnada.

Así la jurisprudencia del TJUE considera contraria a la normativa comunitaria la denegación de una autorización de residencia a un nacional de un tercer país por el mero hecho de tener antecedentes penales, sin examinar o ponderar específicamente su situación y sus circunstancias personales

En el presente caso la Administración, aunque afirma haber ponderado la situación personal, familiar y laboral de la recurrente, no hace una sola mención a las circunstancias concretas de la recurrente, sino únicamente a la existencia de una condena, por lo que todo indica que no han sido valoradas al objeto de determinar la procedencia o no de la autorización de residencia solicitada”.

Se acompaña, copia íntegra  de la Demanda contenciosa incluyendo solicitud de medida cautelar y Sentencia estimatoria.